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lunes, 9 de febrero de 2015

El Procesamiento de los delincuentes



Por José Dídimo Escobar.

Toda conducta típica, antijurídica, culpable y punible, es decir el delito, debe ser procesado y establecida la pena, la misma debe ser ejecutada. De otro modo estimularíamos a que el resto de la sociedad se resista al orden legal e instauraríamos un régimen anárquico que terminaría en un Estado Fallido.

Este es el procedimiento que debe ser resueltamente dispuesto por las autoridades judiciales a quienes se ha confiado la grave responsabilidad, de enfrentar todos los actos de corrupción que terminaron destruyendo nuestra institucionalidad y generando un peligroso estado de impunidad, que estimuló a funcionarios y particulares a violar nuestras normas y seguidamente atracaron sin misericordia los bienes públicos y vulneraron de una manera infame la confianza que el pueblo les confió.
El delito que se cometió, es en todo caso de forma agravada, toda vez que fue con abuso de esa confianza, que terminó traicionada la comunidad nacional.

Cuando se habla de Debido Proceso, hay que reseñar que está constituido esencialmente por las garantías de la independencia judicial, la imparcialidad del juez y el principio del juez natural. Dicho de otro modo; Independencia, Imparcialidad e Impartialidad.

Como queda claro, aún a los perversos delincuentes hay que respetarles sus derechos y garantías, pero de ningún modo tales garantías; que ellos pisotearon a su antojo, no pueden constituirse en pasadizos a la impunidad, porque sus acciones constituyeron un asalto criminal a toda la sociedad, ejecutado con frialdad, premeditación, alevosía y ventaja. Sus consecuencias han generado un daño tan dramático como difícil de estimar, pues se trata de la destrucción de las instituciones que garantizan la pacífica convivencia entre los panameños.

Así las cosas, se puede estimar con bastante precisión el daño emergente en los sobreprecios, coimas, usos indebidos, diversas modalidades de peculado, y otros mecanismos ilegales de apropiación indebida, y sin duda, dicha tarea le corresponde a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía de Cuentas y al Tribunal de Cuentas, pero como quiera que de esas resultas emergen delitos, es allí donde el Ministerio Fiscal, tiene que proceder a levantar las sumarias que puedan llevar a los Estrados de la Justicia a los que los movió la vileza y la depravación, que generaron ignominia, indignidad, mácula, ofensa, ruindad, en todo nuestro entorno, al punto de que perdimos la paz pública y la confianza en nuestras instituciones.

La Gravedad del daño causado, lo representa también lo que como sociedad hubiéramos podido construir y hacer, si no se hubiera dado el asalto que ocurrió. Es decir, poder determinar lo que se conoce como Lucro cesante. Hoy nos agobian necesidades sentidas en todos los órdenes. Mas de millón y medio de compatriotas aún esperan la mano del Estado para empujarlos desde la pobreza a tener acceso a mejores días con dignidad como corresponde a un país rico en recursos materiales, que sin embargo, los que lo administraron se lo engulleron egoísta y perversamente a manos llenas.
Por último está el Daño Moral, que implica una Reducción del nivel de las aptitudes personales e íntimas, que ni el dinero, ni bienes intercambiables por este, pueden llegar a REPARAR. Y es que, cómo podemos reparar la confianza que se ha perdido, las instituciones públicas destrozadas, cómo restaurar la paz, si la Justicia corrompida, no atina ni puede rescatarla. Cómo podemos hacer con una Asamblea que formalmente es necesaria para la democracia pero que está constituida por elementos que han llegado allí desde los más diversos actos de corrupción y delito, lo que la hace absolutamente ilegítima e inútil para revestir la viabilidad política de la sociedad.

Cómo hacer con una Corte que amparó y alcahueteó los desmanes, con decisiones que impulsaron, a los que violaban flagrantemente el orden jurídico, a saciarse con los despojos de sus insanas ambiciones.

Siendo las cosas así, se espera de las investigaciones y de las autoridades que están a cargo, el mayor empeño y denuedo para conjurar todo vicio y puerta de escape de los delincuentes, porque mas grave que enjuiciar a los atracadores y recuperar los bienes, es procesarlos; abriendo portillos para que eludan su responsabilidad y causen la frustración nacional y en la que se alimentará una suprema violencia que debemos evitar a toda costa.

Ojalá comprendan las autoridades, la grave responsabilidad que han asumido, y que bajo ninguna circunstancias se puede jugar con el anhelo Supremo del pueblo: Justicia.
 
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