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jueves, 14 de noviembre de 2013

UNO ES DE DONDE NACE, SALVO EN REPÚBLICA DOMINICANA

Alberto Barrow 
Por: Alberto Barrow.

Por infortunada virtud de una reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, miles de hombres y mujeres nacidos en ese país caribeño, cuyos ascendientes son extranjeros, particularmente haitianos, se verán desprovistos de su nacionalidad, dominicana desde luego.

Conforme la sentencia que ha levantado la más amplia indignación en América Latina y el Caribe, además de otras naciones alrededor del mundo, en República Dominicana se dejará de aplicar un principio jurídico fundamental, y es el que reza que uno es de donde nace, es decir que el suelo en que un ser humano ve la luz por vez primera en su existencia, se convierte en uno de los factores que le otorgan la posibilidad de hacerse ciudadano de ese determinado país. Otro criterio válido en esta materia es el derecho de portar, también, la nacionalidad de nuestros progenitores, por vía de sangre.

En el caso de la República Dominicana esos principios, caros al Derecho Internacional, eran observados hasta el año 2010, cuando se promulgó una nueva Constitución Política que echó por tierra uno de ellos.

Antes de la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna, a los nacidos desde 1929 en territorio dominicano cuyos padres estuvieran, al momento de su nacimiento, en situación migratoria irregular, como fue el caso de muchísimos haitianos que cruzaron hacia el otro lado de la isla, para laborar en la vigorosa industria azucarera de entonces, se les reconocía la nacionalidad dominicana. Y digo el otro lado de la isla porque Haití y República Dominicana comparten un espacio geográfico insular común así como una misma ascendencia africana, que muchos en la República Dominicana se han esforzado en desconocer, y peor aún ocultar, a lo largo de su historia. Resultaría más que suficiente cualquier imagen tomada en las calles de Puerto Príncipe o Santo Domingo para poner en evidencia las similitudes entre ambas poblaciones. ¿Y qué hay del extraordinario intérprete Johnny Ventura? ¿Acaso dominicano, haitiano, o ambos?

Es, sin ninguna exageración, una verdadera tragedia que miles de personas que durante toda su vida han sido reconocidas como nacionales de un país dejen de serlo de un día para otro. En el camino a que efectivamente se cumpla tal despropósito, el Tribunal Constitucional ha exhortado a la Junta Central Electoral, organismo del Estado por cuya cuenta corre la expedición de actas de nacimiento y cédulas de identidad personal, a generar un padrón que por su propio carácter no puede ser calificado menos que de discriminatorio, pues se elaborará en función de un grupo humano en particular y sobre la premisa que el registro que hasta la fecha se había llevado está viciado desde su génesis. Dicho en términos más llanos, todos aquellos nacidos de padres haitianos, y anotados como tales, nunca fueron dominicanos, y hoy día lo son mucho menos. La situación de los haitianos, a partir de la sesgada sentencia judicial, no es otra que la de su desabrigo como seres humanos en una sociedad que no les reconoce su derecho de pertenencia. Como muy atinadamente ha señalado en una carta de solidaridad con el movimiento “Dominican@s por Derecho” que está difundiendo a nivel internacional la panameña Yvette Modestin, Fundadora y Directora Ejecutiva de Encuentro Diáspora Afro y miembro de la directiva de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, “decenas de miles de personas confrontarán dificultades para estudiar, trabajar en el sector formal de la economía, pagar seguro médico, cotizar en el fondo de pensiones, contraer matrimonio civil, inscribir en el registro civil a sus hijos o hijas, abrir cuentas bancarias, comprar, heredar; e inclusive, no podrán salir del país que ahora los rechaza, porque no podrán sacar o renovar pasaporte”.

Pero por si todo lo anterior no fuera suficientemente dramático como penoso, la Sentencia 0168-13, como se la conoce, que ha expuesto a la República Dominicana al repudio internacional, trae a nuestra memoria aquel espantoso genocidio que ordenó el General Rafael Leónidas Trujillo, en 1937, cuando en cuestión de días alrededor de 30,000 haitianos fueron asesinados a punta de machetazos, en una suerte de limpieza étnica de “este lado de la isla”.

Hoy, setentaiseis años después, el machete ha sido sustituido por el bolígrafo de unos jueces que en muy poco se diferencian de aquel dictador conocido en vida como “El Chivo”, y sobre quien el escritor Mario Vargas Llosa ya nos relató los enormes esfuerzos que hacía aquel por aclararse el tono de la piel, ya que para Trujillo los negros no eran los dominicanos sino los venidos del otro lado de la isla.

*El autor es Director del Observatorio Panamá Afro “Dr. George Priestley.
 
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